Los errores de las políticas liberales
Por Vicenç Navarro (Público)
Cuando los economistas liberales hablan de la necesidad de hacer sacrificios con el objetivo de salir de la crisis, siempre proponen medidas que afectan de forma predominante a las clases populares. En realidad, tal llamada al sacrificio es una constante en la construcción de Europa y del euro. Así, cuando se tomó la decisión por parte de las élites políticas y mediáticas del país de que España entrara en la UE y en el euro, se tomaron una serie de medidas que afectaron significativamente al gasto público, incluyendo el social, un tipo de gasto, este último, que es especialmente beneficioso para las clases populares. Sus pensiones, su sanidad, su educación, su vivienda social, sus servicios sociales y muchas otras transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar son financiados con este gasto público.
La reducción del déficit y de la deuda pública, exigida para que España entrara en el euro, se realizó no a base de aumentar los impuestos de los grupos más pudientes (que en realidad descendieron), sino a base de reducir el gasto público social, con lo cual el déficit de tal gasto por habitante entre España y el promedio de la UE-15 (el grupo de países con un nivel económico más próximo al nuestro) aumentó nada menos que un 24% durante el periodo 1995-2004. El continuo retraso en el desarrollo del Estado del bienestar de España (todavía hoy, a la cola de la UE-15) se agravó durante aquel periodo. La convergencia monetaria se realizó, pues, a costa de incrementar el déficit social de España con el promedio de la UE-15.
Es también durante aquel periodo que las rentas del trabajo, como porcentaje de la renta nacional, disminuyeron considerablemente, mientras que las rentas del capital crecieron significativamente, y ello como consecuencia de la aplicación de políticas liberales que se convirtieron en las dominantes en la construcción de la Unión Europea y del euro. En realidad, la integración monetaria se utilizó para que las clases populares aceptaran hacer los sacrificios que aquellas élites liberales exigían. Como escribió recientemente el economista liberal Xavier Sala i Martín, “la excusa de que Europa lo requería fue muy útil para hacer las reformas” (La Vanguardia, 17-02-10), que naturalmente eran las reformas liberales.
Una situación idéntica se está dando ahora. Los mercados financieros especuladores están castigando a los países con elevados déficits (comenzando por Grecia e incluyendo también a España), forzándoles a reducir sus gastos públicos. Y, como era de prever, los medios y economistas liberales están alabando y dando la bienvenida a estos mercados, pues así disciplinarán a los gobiernos que, con sus “exuberancias” de gasto público, están poniendo al euro en peligro. Una vez más, se exige a las clases populares de estos países que hagan sacrificios, reduciendo su gasto público (incluyendo el social) para poder ahora salvar el euro y la UE, que están en peligro debido a los excesos de gasto de los países “periféricos”, como España. Como era de esperar, Sala i Martín recomienda que se use el mismo argumento, utilizando “la misma excusa”, para que las clases populares acepten apretarse el cinturón.
Hasta aquí la sabiduría convencional liberal. El mayor problema es que es errónea. Están proponiendo las mismas políticas de austeridad que el presidente Hoover propuso para resolver la Gran Depresión, cuando lo que se necesita es precisamente lo contrario, tal como hizo el presidente Roosevelt estableciendo el New Deal. El mayor problema que tienen España y Europa no es el déficit o la deuda pública, sino el desempleo y las enormes desigualdades de renta, consecuencia de las políticas liberales realizadas en los últimos 30 años, que han creado un enorme problema de falta de demanda interna –ver mi artículo “La ignorada causa de la crisis” (Público, 12-02-09)–. No es el déficit (y la deuda) del Estado el que está creando la recesión, sino al contrario: es la recesión la que está creando el déficit. No es la exuberancia del gasto público lo que ha creado el déficit (en realidad, todos los países acusados de “exuberancia” en su gasto público social, incluyendo España, tienen el gasto público por habitante por debajo de la media de la UE-15). Es precisamente al revés. De ahí que la solución pase por estimular el crecimiento económico en España y en la Unión Europea mediante un crecimiento del gasto público orientado a crear empleo.
Esta situación es particularmente necesaria en España, donde históricamente el desempleo ha sido muy acentuado. Y una de las causas ha sido precisamente el escaso desarrollo del sector público. Si España hubiera tenido en 2006 (antes de que comenzara la crisis) el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público que el promedio de los países de la UE-15 (España tenía un 13,35% y la
UE-15 un 17,34% de población ocupada en el sector público sobre la población activa), hubiera tenido en aquel año una tasa de ocupación de la población en el mercado de trabajo mucho mayor y un desempleo mucho menor (4,52%). España tiene un enorme déficit de personal en los servicios públicos, y muy en especial en los servicios del Estado del bienestar, de los cuales las élites mediáticas y políticas no son conscientes, pues utilizan predominantemente los servicios privados.
La crisis en España ocurrió como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros (favorecida por los economistas liberales) y su alianza con la altamente especulativa industria inmobiliaria, una alianza responsable de la burbuja inmobiliaria que, al estallar, determinó la crisis económica. Las clases populares y el mundo empresarial, que se habían endeudado hasta la médula, no pudieron conseguir crédito, y ello provocó la ralentización económica, el crecimiento del déficit y el aumento del desempleo. Decir que el déficit y la deuda provocaron la ralentización económica es una frivolidad, lo cual no es un obstáculo para que los medios continúen promoviéndola.
Cuando los economistas liberales hablan de la necesidad de hacer sacrificios con el objetivo de salir de la crisis, siempre proponen medidas que afectan de forma predominante a las clases populares. En realidad, tal llamada al sacrificio es una constante en la construcción de Europa y del euro. Así, cuando se tomó la decisión por parte de las élites políticas y mediáticas del país de que España entrara en la UE y en el euro, se tomaron una serie de medidas que afectaron significativamente al gasto público, incluyendo el social, un tipo de gasto, este último, que es especialmente beneficioso para las clases populares. Sus pensiones, su sanidad, su educación, su vivienda social, sus servicios sociales y muchas otras transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar son financiados con este gasto público.
La reducción del déficit y de la deuda pública, exigida para que España entrara en el euro, se realizó no a base de aumentar los impuestos de los grupos más pudientes (que en realidad descendieron), sino a base de reducir el gasto público social, con lo cual el déficit de tal gasto por habitante entre España y el promedio de la UE-15 (el grupo de países con un nivel económico más próximo al nuestro) aumentó nada menos que un 24% durante el periodo 1995-2004. El continuo retraso en el desarrollo del Estado del bienestar de España (todavía hoy, a la cola de la UE-15) se agravó durante aquel periodo. La convergencia monetaria se realizó, pues, a costa de incrementar el déficit social de España con el promedio de la UE-15.
Es también durante aquel periodo que las rentas del trabajo, como porcentaje de la renta nacional, disminuyeron considerablemente, mientras que las rentas del capital crecieron significativamente, y ello como consecuencia de la aplicación de políticas liberales que se convirtieron en las dominantes en la construcción de la Unión Europea y del euro. En realidad, la integración monetaria se utilizó para que las clases populares aceptaran hacer los sacrificios que aquellas élites liberales exigían. Como escribió recientemente el economista liberal Xavier Sala i Martín, “la excusa de que Europa lo requería fue muy útil para hacer las reformas” (La Vanguardia, 17-02-10), que naturalmente eran las reformas liberales.
Una situación idéntica se está dando ahora. Los mercados financieros especuladores están castigando a los países con elevados déficits (comenzando por Grecia e incluyendo también a España), forzándoles a reducir sus gastos públicos. Y, como era de prever, los medios y economistas liberales están alabando y dando la bienvenida a estos mercados, pues así disciplinarán a los gobiernos que, con sus “exuberancias” de gasto público, están poniendo al euro en peligro. Una vez más, se exige a las clases populares de estos países que hagan sacrificios, reduciendo su gasto público (incluyendo el social) para poder ahora salvar el euro y la UE, que están en peligro debido a los excesos de gasto de los países “periféricos”, como España. Como era de esperar, Sala i Martín recomienda que se use el mismo argumento, utilizando “la misma excusa”, para que las clases populares acepten apretarse el cinturón.
Hasta aquí la sabiduría convencional liberal. El mayor problema es que es errónea. Están proponiendo las mismas políticas de austeridad que el presidente Hoover propuso para resolver la Gran Depresión, cuando lo que se necesita es precisamente lo contrario, tal como hizo el presidente Roosevelt estableciendo el New Deal. El mayor problema que tienen España y Europa no es el déficit o la deuda pública, sino el desempleo y las enormes desigualdades de renta, consecuencia de las políticas liberales realizadas en los últimos 30 años, que han creado un enorme problema de falta de demanda interna –ver mi artículo “La ignorada causa de la crisis” (Público, 12-02-09)–. No es el déficit (y la deuda) del Estado el que está creando la recesión, sino al contrario: es la recesión la que está creando el déficit. No es la exuberancia del gasto público lo que ha creado el déficit (en realidad, todos los países acusados de “exuberancia” en su gasto público social, incluyendo España, tienen el gasto público por habitante por debajo de la media de la UE-15). Es precisamente al revés. De ahí que la solución pase por estimular el crecimiento económico en España y en la Unión Europea mediante un crecimiento del gasto público orientado a crear empleo.
Esta situación es particularmente necesaria en España, donde históricamente el desempleo ha sido muy acentuado. Y una de las causas ha sido precisamente el escaso desarrollo del sector público. Si España hubiera tenido en 2006 (antes de que comenzara la crisis) el mismo porcentaje de la población adulta trabajando en el sector público que el promedio de los países de la UE-15 (España tenía un 13,35% y la
UE-15 un 17,34% de población ocupada en el sector público sobre la población activa), hubiera tenido en aquel año una tasa de ocupación de la población en el mercado de trabajo mucho mayor y un desempleo mucho menor (4,52%). España tiene un enorme déficit de personal en los servicios públicos, y muy en especial en los servicios del Estado del bienestar, de los cuales las élites mediáticas y políticas no son conscientes, pues utilizan predominantemente los servicios privados.
La crisis en España ocurrió como consecuencia de la desregulación de los mercados financieros (favorecida por los economistas liberales) y su alianza con la altamente especulativa industria inmobiliaria, una alianza responsable de la burbuja inmobiliaria que, al estallar, determinó la crisis económica. Las clases populares y el mundo empresarial, que se habían endeudado hasta la médula, no pudieron conseguir crédito, y ello provocó la ralentización económica, el crecimiento del déficit y el aumento del desempleo. Decir que el déficit y la deuda provocaron la ralentización económica es una frivolidad, lo cual no es un obstáculo para que los medios continúen promoviéndola.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University