Puede sonar extraño que un multimillonario PEDIR que le COBRAR más impuestos.
Sin embargo, en Estados Unidos hay un grupo de magnates que formó la organización "Patrióticos Millonarios", precisamente para pedir que los más ricos CONTRIBUIR más a las arcas públicas..
El presidente del grupo es Morris Pearl, un exdirectivo de BlackRock (una de las mayores firmas de inversión del mundo) que ahora vive de la rentabilidad que le generan sus inversiones, tras una exitosa carrera en Wall Street.
Pearl argumenta que Estados Unidos DEBER seguir la ruta que tomó Argentina al crear un impuesto a la riqueza para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia de covid-19.
En diciembre pasado, el país sudamericano APROBAR un nuevo impuesto a las grandes fortunas -que se aplicará por una sola vez-, que grava la riqueza de las personas que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos (equivalente a unos US$2,5 millones). Esta "Ley de Aporte Solidario y Extraordinario"AFECTAR a cerca de 12.000 personas, con un gravamen progresivo de entre 2% y 3,5%.
Con esta nueva medida, el gobierno de Alberto Fernández proyecta recaudar alrededor de US$3.000 millones, los cuales DESTINAR a financiar suministros médicos y programas de auxilio económico para las familias más afectadas por la crisis.
El magnate estadounidense no solo apoya la creación de un impuesto de emergencia de este tipo para mitigar los efectos de la pandemia.
Su postura es que, al menos en Estados Unidos, debería modificarse el sistema impositivo para que los multimillonarios HACER un mayor aporte -de manera permanente- a las arcas públicas, especialmente ahora que el mercado bursátil está en máximos históricos.
"En los últimos 10 meses GANAR millones de dólares", dice Pearl, justo en medio de una de las peores crisis económicas de las últimas décadas.
Por eso cree que él y los demás multimillonarios que OBTENER cuantiosas ganancias DEBER pagar un gravamen por sus inmensas fortunas.
Adaptado de: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55954848
Carta abierta a la Comisión para la Reconstrucción
Los derechos humanos, las políticas públicas y la Agenda 2030 son la mejor receta para la salida de la crisis sistémica
Hace unos días decía Patxi López, presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica: “Si en algún momento podemos demostrar para qué sirve la Política, es este”. Y advertía a los diputados y diputadas que, si no era así, solo estarían poniendo sobre la mesa que los políticos no sirven para nada.
Sin duda, es el momento de la política de verdad, de esa que llaman "con mayúsculas". No la del rifirrafe y la del "y tú más". Más que nunca es el momento del diálogo, el acuerdo y la búsqueda de consensos. La situación, la miremos por donde la miremos —desde el punto de vista sanitario, económico, social o educativo—, lo requiere.
Somos conscientes de que no será fácil. Estamos en un momento sin precedentes con una situación de partida nada halagüeña, que ya describíamos en esta sección hace algunas semanas. A ello se suma, a nivel político, un parlamento fragmentado, intereses particulares de todo tipo que se cruzan con los objetivos de reconstrucción, conflictos enquistados, meses de crispación como nunca antes habíamos visto y una alta polarización ideológica entre los partidos con representación parlamentaria. Sin embargo, que el escenario no acompañe, creemos que no es excusa. Las organizaciones que formamos Futuro en Común demandamos a la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, a los partidos que la componen y a sus representantes, que estén a la altura.
Y estar a la altura no es, nada más ni nada menos, que tener voluntad política para acordar cómo superar la situación que estamos viviendo y repensar cómo queremos que sea nuestro país y cuál debe ser su lugar en el mundo.
Para ello, el análisis debe partir de una premisa fundamental: si bien es evidente que la crisis provocada por la covid-19 tiene y tendrá grandes impactos sanitarios, económicos y sociales en nuestro país y a nivel global; la crisis profunda no es la pandemia en sí, sino el mundo desigual e insostenible en el que esta pandemia está teniendo lugar. A esto aludía la OMS hace unos años cuando lanzó el concepto de One Health basado en la premisa de que solo podemos garantizar la salud humana en un entorno de salud animal y de los ecosistemas; que no es posible la salud humana en un mundo enfermo.
Además, constatamos reiteradamente que vivimos en sociedades cada vez más desiguales, en términos de recursos, de acceso a derechos, de poder; un hecho que tiene su reflejo en los impactos sociales tan dispares de una crisis global como la provocada por la covid-19. En definitiva, la pandemia nos remite a un modelo de desarrollo que está agotado y que, por tanto, requiere de una profunda transformación. Es decir, no valen lavados de cara o cambios cosméticos, el cambio debe ser de calado e integral. De modo que sí, es necesario repensar el país. Y no conformarnos con reconstruir el pasado.
Desde Futuro en Común apostamos porque esa transformación tome como hoja de ruta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos guiarán hacia una sociedad más resiliente, justa, igualitaria, sostenible y pacífica, con mayores garantías de derechos humanos para todas las personas a través del fortalecimiento de los servicios públicos, con un nuevo modelo energético, productivo y de consumo, nuevas relaciones campo-ciudad, relaciones de género igualitarias, una infancia protegida y una cooperación y gobernanza global fortalecida.
Para ello proponemos que la reconstrucción se base en seis pilares fundamentales:
1. Caminar hacia un nuevo modelo económico que apueste por sectores comprometidos con el cuidado de la vida, el sostenimiento de la comunidad y el medio ambiente. En este sentido, los fondos de emergencia y recuperación no pueden apoyar ninguna actividad económica que esté en contradicción con la realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, los derechos humanos o que realice prácticas de evasión fiscal.
2. Construir un sistema de protección social sólido que garantice los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas, independientemente de su situación administrativa. Para ello, se debe aumentar la inversión pública e impulsar reformas legales para asegurar un sistema de salud pública con cobertura universal y enfoque preventivo y promocional, el acceso universal a la vivienda digna y a la educación pública equitativa y de calidad, con el foco puesto en la reducción de la segregación y las tasas de fracaso y abandono escolar. Además, es necesario consolidar sistemas de garantía de rentas que tengan cobertura suficiente para erradicar la pobreza extrema y avanzar en la inclusión de la población en situación de mayor vulnerabilidad y precarizada, como por ejemplo las personas desempleadas, en pobreza laboral, la población migrante o gitana, la infancia y en cualquier caso, las mujeres.En el ámbito laboral, es imprescindible una reforma estructural que acabe con la precariedad y cualquier tipo de discriminación, especialmente las que afectan a las mujeres. También poniendo en marcha medidas específicas de activación, formación y competencias digitales para las personas en situación de mayor situación de vulnerabilidad, para garantizar oportunidades en el acceso al mercado de trabajo.
Para poner los cuidados en el centro de la acción política. Se deberá diseñar un sistema integral de cuidados que garantice universalmente el derecho a recibir y prestar cuidados en igualdad y sin discriminación, con calidad y calidez, de forma que las proveedoras de estos servicios esenciales puedan ejercer sus derechos laborales y tener salarios dignos. También con medidas específicas que promuevan las mismas condiciones para el cuidado corresponsable entre hombres y mujeres cuando este se presta en los hogares o redes socio-afectivas.
3. Una fiscalidad justa, progresiva, con mayor peso de la imposición directa y sobre la acumulación de riqueza, con capacidad redistributiva y que tenga capacidad de financiar las transformaciones económicas, sociales y ecológicas que el país necesita. Debe, asimismo, luchar de manera efectiva contra el fraude, la evasión y elusión fiscal. Las organizaciones que formamos Futuro en Común vemos con buenos ojos la aplicación de un impuesto covid que permita sufragar los gastos derivados de la pandemia.
4. Garantizar una sociedad libre de violencias e integradora. En este sentido es necesario reforzar el marco normativo y de planificación sobre la igualdad de oportunidades, lucha contra la discriminación, violencias de género, violencias contra la infancia, violencia racista o delitos de odio y la trata de seres humanos con presupuestos efectivos y reales, acompañado de seguimiento y evaluación.
5. Avanzar hacia una sociedad plenamente democrática. Para ello es imprescindible derogar la Ley Mordaza, introducir en el sistema curricular formal la Educación por la Igualdad y la Ciudadanía Global y definir una estrategia de colaboración con la sociedad civil que incluya mecanismos de consulta y de participación en la toma de decisiones y en el diseño de políticas públicas.
6. Ejercer un liderazgo internacional desde el compromiso con la Agenda 2030 y priorizando la coherencia de políticas, el cambio climático y la transición ecológica, defensa de los bienes comunes globales, la defensa de la Amazonía y otras zonas selváticas, el impacto de las actuaciones empresariales, la crisis alimentaria global o el control del comercio de armas. Debe, asimismo, reformarse la política de cooperación para situarla en el centro de la acción exterior y dotarla de recursos suficientes para alcanzar el objetivo del 0,7 % antes de 2030.
Como puede comprobarse los retos que planteamos son enormes. Pero creemos que son posibles e imprescindibles. La Comisión para la Reconstrucción debería elaborar un proyecto que mire al futuro, que genere ilusión en la ciudadanía y que ponga las bases para un cambio profundo que, liderado desde lo público, tenga como sus prioridades los derechos humanos, la democracia, el medio ambiente, el bienestar y los cuidados. ¡Es lo que necesitamos y es lo que nos merecemos!
Isabel Iparraguirre es coordinadora de Alianza por la Solidaridad; Belén Sánchez-Rubio, directora de programas internacionales de Fundación Secretariado Gitano; y Lola Yllescas, coordinadora de Ecologistas en Acción, en representación de todas entidades miembro de Futuro en Común.