1. La primera noticia en Clarín.
A través de una cadena nacional, el Gobierno anunció hoy formalmente el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF, a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”. El total a expropiar pertenece a la española Repsol.
El proyecto lleva por título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. En lo esencial, tiene varios puntos de contacto con el texto que había trascendido la semana pasada y que ya era analizado por legisladores oficialistas, aunque éste incorpora los reclamos de las provincias productoras de hidrocarburos.
El primer artículo del proyecto, de un total de 19 y que hoy mismo será enviado al Parlamento, declara “de interés publico nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, trasnporte y comercialización de hidrocarburos”.
Ese marco es el que permite la parte más sustancial del proyecto: la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51% de YPF Sociedad Anónima. Esas acciones, especifica el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) de modo tal que el Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99% (con, respectivamente, el 51% y el 49% del 51% que sería expropiado).
El texto establece, además, que el 51% a expropiar estará “representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima” (es decir que, por lo menos según está planteado, no expropian las acciones que tiene la familia Eskenazy a través del Grupo Petersen ni las de los accionistas que compraron los títulos en la bolsa); que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias, además, se realizará “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”, y que “se encuentra prohibida la transferencia posterior de tales acciones (las expropiadas) sin la autorización del Congreso de la Nación”.
El proyecto que tratará el Congreso Nacional fija también la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipula que “la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.
Si se aprueba la ley –algo previsible dada la mayoría legislativa del oficialismo- el Estado pasará a controlar el 51% de la petrolera –la mayor empresa del país-. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizó que “no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad Anónima y el de una conducción profesionalizada”.
Además del Estado nacional y las provincias, una porción menor de YPF seguirá en manos de Repsol; otra, en poder de la familia Eskenazi, y otra más seguirá flotando en bolsa. Sin embargo, desde el Grupo Petersen con el que los Eskenazi hicieron pie en la petrolera creen probable que los obliguen a dar un paso al costado. En los mercados ya hay rumores sobre la posibilidad de que otras comapañías -y entre ellas se mencionan a la brasileña Petrobras y la mexicana Pemex- terminen comprando la parte de los Eskenazi.
Más allá del capítulo sobre la expropiación del 51% de YPF, el proyecto establece también que, en el marco de la soberanía hidrocarburífera, el Estado “arbitrará las medidas conducentes” para, entre otros objetivos, la “conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación”; la “integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas”; la “maximización de las inversiones”; la “promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado” y la “explotación racional” de los recursos. Asimismo, crea un “Consejo federal de hidrocarburos” en el que participarán los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria y que promoverá “la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales”.
Fuente: http://www.clarin.com/politica/Convocan-empresarios-acto-Casa-Gobierno_0_683331851.html
2. El editorial del director de La Vanguardia.
LA expropiación de YPF por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hace bueno aquel dicho de que a perro flaco todo son pulgas. Con una parte del país aguantando el aliento por el cariz que está tomando la crítica al Rey por su desafortunado viaje a Botsuana a matar elefantes, del que ha regresado con la cadera rota y que ha obligado a una operación para implantarle una prótesis, la presidenta argentina ha echado el órdago que nuestro ministro de Industria prácticamente descartaba el sábado. "Las cosas parece que se encauzan", fueron las palabras públicas del canario José Manuel Soria. Argentina ha hecho jaque a España eludiendo la advertencia de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, que el pasado viernes al término del Consejo de Ministros respondía que el Gobierno sabía qué medidas adoptar si Cristina Fernández no daba un paso atrás. ¿Qué medidas?, le preguntaron. Y contestó: "Las medidas se adoptan, no se anuncian". Mientras, se aseguraba que Europa apoyaba a España y Estados Unidos, también. En el segundo de los casos, habrá que verlo, ya que no parece verosímil que el presidente Obama reprendiera, como se ha dicho, a Fernández de Kirchner el pasado sábado en la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias y le advirtiera de represalias. La expropiación de YPF, que amenaza con repercusiones en otras inversiones españolas en Sudamérica, se produce en un momento en que convergen la fragilidad de España en el concierto internacional por su situación económica y el temor del Gobierno a una crisis institucional por el malestar que ha causado la actuación del Rey.
A través de una cadena nacional, el Gobierno anunció hoy formalmente el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de YPF, a un precio que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación y en el marco de la declaración de “interés público y nacional” al “autoabastecimiento de hidrocarburos”. El total a expropiar pertenece a la española Repsol.
El proyecto lleva por título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina”. En lo esencial, tiene varios puntos de contacto con el texto que había trascendido la semana pasada y que ya era analizado por legisladores oficialistas, aunque éste incorpora los reclamos de las provincias productoras de hidrocarburos.
El primer artículo del proyecto, de un total de 19 y que hoy mismo será enviado al Parlamento, declara “de interés publico nacional y como objetivo prioritario el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos” y “la explotación, industrialización, trasnporte y comercialización de hidrocarburos”.
Ese marco es el que permite la parte más sustancial del proyecto: la declaración de “utilidad pública y sujeto a expropiación” del 51% de YPF Sociedad Anónima. Esas acciones, especifica el proyecto, se repartirán entre el Estado Nacional y las provincias que integran la Organización Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (OFEPHI) de modo tal que el Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99% (con, respectivamente, el 51% y el 49% del 51% que sería expropiado).
El texto establece, además, que el 51% a expropiar estará “representado por igual porcentaje de las acciones Clase D pertenecientes a Repsol YPF Sociedad Anónima” (es decir que, por lo menos según está planteado, no expropian las acciones que tiene la familia Eskenazy a través del Grupo Petersen ni las de los accionistas que compraron los títulos en la bolsa); que el ejercicio de los derechos accionarios de las provincias, además, se realizará “en forma unificada por el plazo mínimo de 50 años a través de un pacto de sindicación de acciones”, y que “se encuentra prohibida la transferencia posterior de tales acciones (las expropiadas) sin la autorización del Congreso de la Nación”.
El proyecto que tratará el Congreso Nacional fija también la “remoción de los directores y síndicos titulares y suplentes” y estipula que “la designación de los directores se efectuará en proporción a las tenencias del Estado nacional, de los estados provinciales y uno en representación de los trabajadores de la empresa”.
Si se aprueba la ley –algo previsible dada la mayoría legislativa del oficialismo- el Estado pasará a controlar el 51% de la petrolera –la mayor empresa del país-. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizó que “no es un modelo de estatización sino de recuperación de la soberanía. Seguimos manteniendo el modelo de Sociedad Anónima y el de una conducción profesionalizada”.
Además del Estado nacional y las provincias, una porción menor de YPF seguirá en manos de Repsol; otra, en poder de la familia Eskenazi, y otra más seguirá flotando en bolsa. Sin embargo, desde el Grupo Petersen con el que los Eskenazi hicieron pie en la petrolera creen probable que los obliguen a dar un paso al costado. En los mercados ya hay rumores sobre la posibilidad de que otras comapañías -y entre ellas se mencionan a la brasileña Petrobras y la mexicana Pemex- terminen comprando la parte de los Eskenazi.
Más allá del capítulo sobre la expropiación del 51% de YPF, el proyecto establece también que, en el marco de la soberanía hidrocarburífera, el Estado “arbitrará las medidas conducentes” para, entre otros objetivos, la “conversión de recursos en reservas comprobadas y su explotación”; la “integración del capital público y privado nacional e internacional en alianzas estratégicas”; la “maximización de las inversiones”; la “promoción de la explotación y comercialización de los hidrocarburos con alto valor agregado” y la “explotación racional” de los recursos. Asimismo, crea un “Consejo federal de hidrocarburos” en el que participarán los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria y que promoverá “la actuación coordinada del Estado nacional y los estados provinciales”.
Fuente: http://www.clarin.com/politica/Convocan-empresarios-acto-Casa-Gobierno_0_683331851.html
2. El editorial del director de La Vanguardia.
Jaque a España
LA expropiación de YPF por la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, hace bueno aquel dicho de que a perro flaco todo son pulgas. Con una parte del país aguantando el aliento por el cariz que está tomando la crítica al Rey por su desafortunado viaje a Botsuana a matar elefantes, del que ha regresado con la cadera rota y que ha obligado a una operación para implantarle una prótesis, la presidenta argentina ha echado el órdago que nuestro ministro de Industria prácticamente descartaba el sábado. "Las cosas parece que se encauzan", fueron las palabras públicas del canario José Manuel Soria. Argentina ha hecho jaque a España eludiendo la advertencia de la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, que el pasado viernes al término del Consejo de Ministros respondía que el Gobierno sabía qué medidas adoptar si Cristina Fernández no daba un paso atrás. ¿Qué medidas?, le preguntaron. Y contestó: "Las medidas se adoptan, no se anuncian". Mientras, se aseguraba que Europa apoyaba a España y Estados Unidos, también. En el segundo de los casos, habrá que verlo, ya que no parece verosímil que el presidente Obama reprendiera, como se ha dicho, a Fernández de Kirchner el pasado sábado en la Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias y le advirtiera de represalias. La expropiación de YPF, que amenaza con repercusiones en otras inversiones españolas en Sudamérica, se produce en un momento en que convergen la fragilidad de España en el concierto internacional por su situación económica y el temor del Gobierno a una crisis institucional por el malestar que ha causado la actuación del Rey.